¿Qué hace un Procurador?

Por Víctor Álvarez abogado del área procesal de IURISTAX
 

El Procurador de los Tribunales es figura de larga tradición en nuestro sistema judicial ya desde el siglo XII en que las Partidas hacían mención al “personero”, y actualmente está de actualidad debido al Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. Y está de actualidad porque se cuestiona una vez más la pervivencia de la procura y de sus funciones en pleno siglo XXI. Es un tema que no puede ser tomado con ligereza ya que el fin de los Procuradores supondría la reconversión directa de más de 9.000 profesionales y el personal de apoyo a ellos asociado.

Según el Estatuto de 2002 la Procura es una “profesión libre, independiente y colegiada que tiene como principal misión la representación técnica de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento”. “Es también misión de la Procura desempeñar cuantas funciones y competencias le atribuyan las leyes procesales en orden a la mejor administración de justicia, a la correcta sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias y demás resoluciones que dicten los juzgados y tribunales. Estas competencias podrán ser asumidas de forma directa o por delegación del órgano jurisdiccional, de conformidad con la legislación aplicable". 

Pero la reserva de estas funciones para un profesional distinto del abogado va perdiendo su razón de ser si realmente nos creemos que estamos en la llamada “sociedad de la información”. A los que estamos imbuidos por la inercia jurídica no se nos ocurre cuestionarlo pero a veces el cliente nos pregunta ¿Qué hace un procurador? y rara vez las explicaciones que los abogados damos suenan convincentes a juzgar por la mueca escéptica que se nos devuelve. Lo que percibe el cliente es que se trata de un intermediario que se encarga de llevar los papeles del Juzgado al abogado y viceversa, y que supone un coste añadido y difícil de justificar con los medios tecnológicos actuales. Aunque también se le habría de explicar el anacronismo y falta de medios en que vive instalada la administración de Justicia para que pudiera entender que a día de hoy no esté generalizada la presentación y recepción de escritos por medios telemáticos.

La última vez que los Procuradores vieron peligrar su porvenir fue debido a la Ley 25/2009, conocida como “Ómnibus” pero una enmienda de última hora mantuvo la incompatibilidad entre abogados y procuradores lo que salvó la cuestión coyunturalmente. Esta Ley sí que introdujo cambios importantes como el fin de la territorialidad permitiendo a los procuradores actuar en cualquier partido judicial, pero en la práctica el efecto ha sido muy limitado por propia voluntad de los profesionales que de facto siguen aferrándose a su partido judicial de origen.

Pero la liberalización de servicios que impone el Derecho de la Competencia vuelve a la carga, ahora a través del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que pone de nuevo sobre la mesa la incompatibilidad con la abogacía. Ante las primeras protestas y consiguiente movimiento de los lobbies interesados ya se han oído voces tranquilizadoras al respecto de la modulación de los filos de la Ley de Servicios Profesionales en el sentido de  mantener la pervivencia de los Procuradores de los Tribunales e incluso potenciar sus funciones como colaboradores de la administración de Justicia en línea con la tendencia mostrada en las últimas reformas procesales.

Ningún oficio o profesión está a salvo de verse superado por el progreso y la tecnología, así que también los servicios jurídicos debemos replantearnos nuestras funciones y reinventarnos a diario para no vernos atrapados por la obsolescencia sobrevenida.

Si los Procuradores quieren verdaderamente pervivir ha de ser adaptándose a los nuevos tiempos y aportándole al cliente un servicio efectivo que genere valor añadido y que justifique el coste de su intervención. No hay duda de que pueden ser enormemente provechosos en la tramitación procesal, impulso de las ejecuciones, agilización de las notificaciones y apoyo a la gestión. De los propios procuradores depende hacerse más o menos prescindibles y para ello deben competir, innovar y vencer el anquilosamiento en que muchos compañeros se acomodan convirtiéndose en la mayor amenaza para la profesión.